Curso de Brigadas de Respuesta para la atención a arrecifes post tormenta
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Continuar leyendoVigilantes comunitarios protegen Zonas de Refugio Pesquero del Caribe mexicano
Simulacro de vigilancia efectuado por la Sociedad Cooperativa Cozumel durante una capacitación en las costas de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an (municipio de Felipe Carrillo Puerto) en Quintana Roo, México.
Foto: Minerva Rosette
Por Lucy Calderón
Las Zonas de Refugio Pesquero (ZRP) son áreas delimitadas, con la finalidad de conservar y contribuir, natural o artificialmente, al desarrollo de los recursos pesqueros con motivo de su reproducción, crecimiento o reclutamiento, así como preservar y proteger el ambiente que lo rodea, señala el Artículo 4º fracción LI, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables de México. Sin embargo, si estas no son vigiladas para evitar la pesca ilegal, el esfuerzo de su establecimiento es poco efectivo.
Incluso, los propios pescadores artesanales opinan que, si las ZRP no son vigiladas a través de acciones puntuales de “inteligencia” en lugares y momentos adecuados, y tampoco se sanciona a quienes de forma ilícita capturan a las especies que están tratando de conservar, ¿de qué vale que ellos las respeten?
Ante esta situación y para fortalecer las capacidades de los pescadores que sí están dispuestos a llevar una pesca sustentable, la Alianza Kanan Kay (AKK) y la Asociación Civil Transformación, Arte y Educación, A.C. (TAE), postularon el proyecto Fortalecimiento de las capacidades de vigilancia de seis Cooperativas Pesqueras de la Alianza Kanan Kay, ante la décimo segunda convocatoria del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (MAR Fund, en inglés) y resultó seleccionado.
Líneas de acción para contribuir con la sustentabilidad de las pesquerías
La AKK es una iniciativa multisectorial que se formó en México en 2011 para dar respuesta a tres problemáticas: el declive de las pesquerías en pequeña escala en el Estado de Quintana Roo; la degradación de los ecosistemas marino-costeros y la fragmentación de las iniciativas que buscaban atender estas situaciones.
La AKK tiene 34 miembros activos, entre ellos, las seis cooperativas pesqueras situadas al sur del Estado de Quintana Roo, las cuales están siendo beneficiadas con el proyecto descrito e impulsado por MAR Fund en el Arrecife Mesoamericano, explica la ingeniera en ecología y coordinadora de la AKK, Minerva Rosette.
Debido al éxito que la AKK ha alcanzado a lo largo de 10 años de trayectoria -pudiendo citarse el impulso de 17 zonas de refugio pesquero, de las cuales hay 14 vigentes, que cubren 17 mil hectáreas de mar- se tiene la meta de apoyar otras localidades de la Península de Yucatán, comenta Minerva.
¿Quiénes participan en el proyecto de vigilancia comunitaria?
Estos pescadores también son integrantes de los comités de vigilancia de las cooperativas participantes: tres de la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro y tres de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an.
Por lo general, estos pescadores se dedican a la captura de langosta durante los ocho meses en que es permitido hacerlo. Cuando hay veda, se enfocan en las especies de escama como los meros, pargos y boquinetes, o bien, se dedican a la reparación de sus palafitos (pequeñas cabañas donde se alojan en los campamentos pesqueros), o a efectuar otras actividades.
Según indica Minerva, el producto que capturan es comercializado a través de intermediarios en Asia (China), Estados Unidos y Canadá, mientras un menor porcentaje se distribuye a escala local en Cancún, Tulum o la Riviera Maya.
Estas 60 personas han recibido capacitaciones presenciales y virtuales sobre vigilancia comunitaria, impartidas por el abogado Raziel Villegas Núñez, Representante Legal de TAE, quien cuenta con una maestría en políticas públicas y vasta experiencia en la materia.
“Trabajé 10 años en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde mi quehacer diario era inspeccionar y litigar asuntos relacionados con dichas inspecciones. Estas actividades ampliaron mi conocimiento sobre cómo hacer la supervisión de vigilancia y cómo reacciona un particular ante este proceso. Con esta información desarrollé un primer protocolo de actuaciones y es el que usamos con los pescadores”, relata Raziel.
Según añade el abogado, la vigilancia comunitaria que efectúan los pescadores, es la respuesta a una política pública deficiente por parte del Estado mexicano, que carece de los recursos necesarios para hacer la inspección y vigilancia, e imponer las sanciones respectivas ante los ilícitos en materia de pesca.
Ante es falta de acción gubernamental, se está capacitando a los pescadores de la AKK, porque ellos son organizados, trabajan de forma legal y efectúan prácticas sustentables. Entonces, lo que pretendemos a través de este proyecto, y creo que estamos haciendo un buen trabajo, es fortalecer esas capacidades, para que los pescadores efectúen esa necesaria vigilancia comunitaria y protejan esos recursos marinos y pesqueros que tienen derecho de aprovechar. De esta manera, se evita que lo haga alguien más y de forma ilegal afirma Raziel.
¿Qué están aprendiendo los pescadores?
Asistentes al taller teórico impartido por el abogado Raziel Villegas, de TAE. Foto: Minerva Rosette
También se les está instruyendo sobre la forma correcta de solicitar apoyo a alguna autoridad para hacer las labores de vigilancia, porque ellos como individuos que pertenecen al sector privado, no pueden hacer detenciones, retener producto o asegurar lanchas, solo pueden informar sobre el acto ilícito que están presenciando. “Los orientamos para que sepan a quién le pueden pedir asistencia, de qué manera, cuáles son los fundamentos, por qué esa autoridad está obligada a apoyarlos y las consecuencias que la entidad tendría que afrontar si les niega el apoyo”, añade Raziel.
Debido a que los vigilantes comunitarios no están autorizados para portar armas, se les inculca que ninguna cantidad de langosta, caracol u otra especie marina protegida o en tiempo de veda, vale lo suficiente como para que ellos -tratando de enfrentar a los malhechores- pierdan su vida o terminen en el hospital. “Ellos siempre tienen presente este mensaje y si usted les pregunta qué es lo principal o más importante que deben cuidar durante su labor de vigilancia, todos le responderán: mi integridad”, afirma Raziel.
Asimismo, se les enseña que deben ir en grupos a efectuar los recorridos de vigilancia, que cada integrante tiene un rol qué desempeñar y todos deben cuidarse entre sí. De igual forma deben planificar rutas de salida ante cualquier eventualidad.
“En la Reserva de la Biósfera de Banco Chinchorro hay crimen organizado; quienes lo integran, además de estar armados, usan embarcaciones con motores de hasta 200 caballos de fuerza, contra las cuales las pequeñas embarcaciones de los pescadores artesanales no pueden competir. Pero, después de las capacitaciones recibidas, los pescadores han internalizado que no deben exponerse ni tomar las cosas personales, porque quien tiene que pelear, pero en tribunales y no a golpes, es su servidor”, comenta Raziel.
Grupo de pescadores del comité de vigilancia comunitaria de la Sociedad Cooperativa Cozumel, en compañía de Raziel Villegas (segundo de derecha a izquierda). Foto: Minerva Rosette
Grupo de vigilancia comunitaria de la Sociedad Cooperativa José María Azcorra, junto a Minerva Rosette (izquierda) y Raziel Villegas (de pie, cuarto de izquierda a derecha).
En los talleres prácticos los líderes de cada comité de vigilancia usan los teléfonos celulares que se les compraron con los fondos otorgados por MAR Fund para hacer las actas de reporte utilizando la Aplicación Móvil “Denuncia Pesquera” diseñada y desarrollada durante el proyecto. Foto: Minerva Rosette
Los pescadores también están aprendiendo a usar la aplicación Denuncia Pesquera, la cual fue desarrollada durante el proyecto con base al protocolo de vigilancia elaborado por Raziel. Con esta aplicación, que estrenaron el pasado mes de enero de 2021, al identificar un ilícito, los usuarios pueden georreferenciar el sitio, tomar fotos, subirlas a la plataforma e ir llenando un formulario que genera un reporte, el cual, al verificarse que fue debidamente llenado, puede convertirse en una denuncia.
La App Denuncia Pesquera está en uso por los pescadores desde enero de 2021.
Minerva Rosette señala que la aplicación fue diseñada para que los pescadores puedan usarla aún sin tener acceso a Internet. Al momento de que cuenten con conexión a la Red, la información que hayan ingresado llegará a la plataforma que administra Raziel y que se ha convertido en una importante base de datos sobre pesca ilegal.
Vigilantes comunitarios aprenden a usar la App Denuncia Pesquera durante un taller práctico. Foto: Minerva Rosette.
Para facilitar el aprendizaje del uso de la Aplicación Denuncia Pesquera, los líderes de este proyecto produjeron videos informativos e infografías. Estas últimas se las hacen llegar a los pescadores de forma electrónica e impresa para que puedan colocarlas en sus comunidades y que todos los habitantes las tengan a la vista. También se prepararon vídeos educativos para que los pescadores asimilen que sus labores no deben poner en riesgo su integridad personal o incluso su vida, comenta Raziel.
La información sobre esta aplicación está disponible en www.denunciapesquera.org
¿Qué pasa después de promover una denuncia y qué impactos se han identificado a la fecha?
Paisaje de Banco Chinchorro. Foto: Minerva Rosette
Minerva indica que además del acompañamiento que la AKK está dando a los comités de vigilancia, para que mejoren su labor, Raziel y su equipo de trabajo le dan seguimiento a las denuncias que presentan los pescadores. De esta manera, se protege su identidad y se evita que se sientan intimidados o en peligro de represalias al denunciar los ilícitos.
De acuerdo con Raziel, con estas capacitaciones, las denuncias y el seguimiento de las mismas, al igual que con el trabajo de vigilancia, la concienciación y socialización de datos, se pretende que la curva de pesca ilegal comience a bajar.
La buena noticia es que las citadas acciones están dando resultados, porque el comité de vigilancia de la Cooperativa Pescadores de Vigía Chico ubicada en Punta Allen está haciendo un excelente trabajo. Este comité lo lidera un pescador comprometido y entusiasta, quien ha logrado el apoyo de la armada y la guardia nacional, y por ese desempeño e ímpetu con el que efectúan sus tareas, se ha observado una disminución de la pesca ilegal en ese sitio, relata Raziel.
Otros impactos positivos son que a las capacitaciones se han sumado cooperativas de prestadores de servicios turísticos. También existe un convenio verbal con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para brindarles asesoría legal, asistencia y apoyo jurídico, y cuando sean ellos quienes encuentren a una persona cometiendo algún ilícito, sepan cómo actuar y ante quién presentarse, dice Raziel. Según añade el abogado, los guardaparques de la CONANP tienen que llenar otro tipo de papeleo, pero se les está ayudando para que tenga sentido el cuidado de las áreas naturales que ellos tienen a su cargo.
Por aparte, el proyecto logró visibilizar la importancia de la vigilancia comunitaria y dos comités de vigilancia del sur de la Reserva de Sian Ka’an pidieron que les repliquen a todos los afiliados a las cooperativas, los dos talleres teóricos y uno práctico que ellos recibieron. Por último, pero no menos importante, la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán ha solicitado ser miembro de la AKK, comenta Raziel.
Según explica el abogado, con el apoyo de la secretaría en mención, se seguirá fortaleciendo a los pescadores de Yucatán para que no dependan de un subsidio durante las épocas de veda, sino que efectúen otras actividades económicas redituables. Y el momento en el que podrán poner a prueba su emprendimiento será durante el Festival de la Veda, el cual se realiza anualmente en Yucatán del 1 de febrero al 31 de marzo.
La prueba final para los integrantes de los seis comités de vigilancia que recibieron estas capacitaciones y en la que pondrán en práctica todos los conocimientos adquiridos, será su participación en un torneo, tipo rally, el cual se realizará en el último trimestre de 2021.
Curso de Brigadas de Respuesta para la atención a arrecifes post tormenta
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Continuar leyendoEn el Caribe mexicano se está a un paso de emitir bonos de carbono azul
Manglares en la zona costera de Holbox. Foto: Rosalía Andrade
Por Lucy Calderón
Debido a las presiones por deforestación, degradación y cambio de uso de suelo a las que son sometidos los manglares del Caribe mexicano, el Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (MAR Fund, en inglés) apoyó iniciativas encaminadas a la medición del carbono azul que almacenan; el valor que las comunidades otorgan a los servicios ecosistémicos que proveen; y a la certificación de acciones de restauración, conservación y manejo para obtener bonos de carbono azul, a través del proyecto denominado Taab Ché. Los bonos de carbono azul son instrumentos económicos y de mercado creados para reducir las emisiones de dióxido de carbono (C02) al medio ambiente.
Todo empezó en 2017, cuando a través del Programa de Pequeñas Donaciones, MAR Fund le otorgó fondos al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), para estimar la línea base del carbono azul que almacenan los manglares y pastos marinos en el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam (APFFYB) con el proyecto “Mitigación al cambio climático y protección de sumideros de carbono azul en Yum Balam: fase de análisis”.
Con los resultados obtenidos del citado proyecto, en 2018, la Asociación Civil Casa Wayúu y el Programa Mexicano del Carbono (PMC) decidieron implementar fases complementarias y recibieron financiamiento para administrar y facilitar la ejecución de otros dos: “Mitigación al cambio climático y protección de sumideros de carbono azul: fase de valoración”; y “Mitigación al cambio climático y protección de sumideros de carbono azul: fase de certificación”, respectivamente. Ambos fueron implementados por la bióloga y maestra en agroforestería tropical Rosalía Andrade Medina y la oceanóloga Elisa López García, miembros de la Asociación Civil Resiliencia Azul y cuya fundación fue uno de los productos generados.
El trabajo científico relacionado con los tres proyectos mencionados estuvo a cargo del Dr. Jorge Herrera Silveira, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) Unidad Mérida.
Para conocer acerca de las fases de valoración y certificación del carbono azul que apoyaron los dos últimos, conversamos con Rosalía y Elisa.
¿Qué es y dónde se almacena el carbono azul?
El carbono azul es el carbono capturado y almacenado por los ecosistemas marino costeros, sobre todo en manglares, marismas y pastos marinos, indica Rosalía.
En el caso de los manglares, estos almacenan el carbono en ramas, troncos y hojas (biomasa aérea), así como en raíces (biomasa subterránea), en el suelo y detritos o masa sólida en descomposición que pueda estar formada por madera, hojas o residuos orgánicos que se acumulan cerca de ellos.
La variabilidad de la cantidad de carbono que puede capturar un área de manglar depende de dónde esté ubicada, de las especies de mangle que ahí crezcan y su distribución. También incide la cercanía a ríos o cuerpos de agua que llevan lodos y materia orgánica de otros lugares. En cualquiera de los casos, los manglares presentan una alta capacidad de secuestro y acumulación de carbono: son capaces de eliminar carbono eficientemente de la atmósfera, entre tres y cinco veces más rápido que los bosques tropicales y lo acumulan en el suelo por miles de años.
¿Por qué generar bonos de carbono azul?
El mercado voluntario de carbono -en este caso azul- es un mecanismo internacional de compra-venta de bonos o certificados de carbono, cuyo fin es la mitigación al cambio climático, es decir, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera. Se trata de uno de los mecanismos propuestos por el Protocolo de Kioto para la lucha contra el calentamiento global, indica la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Los bonos de carbono azul, además de ayudar a compensar los GEI, son una forma de incentivar la restauración, conservación y uso sustentable del ecosistema manglar, explica Rosalía. Sin embargo, la certeza necesaria para certificar un proyecto de carbono azul ante un estándar internacional, precisa de extensos análisis y de un minucioso diseño. Gracias a los fondos de MAR Fund, Rosalía y Elisa lograron crear una ruta crítica para el registro del proyecto de carbono azul Taab Ché, basado en los manglares de dos sitios piloto en las áreas naturales protegidas de Isla Cozumel y del APFF Yum Balam, en Quintana Roo, México. Ambas de gran interés por su extensión y por las ya mencionadas presiones que enfrentan.
Antes de pasar a la fase de certificación, ¿cómo se hicieron las fases de medición y valoración?
En 2017, el Laboratorio de Productividad Primaria del CINVESTAV, liderado por el Dr. Herrera Silveira, en conjunto con el CEMDA cuantificó el carbono azul de los manglares y pastos marinos del APFF Yum Balam. En 2018, el CINVESTAV en conjunto con Casa Wayuú y el PMC realizaron las estimaciones de las líneas base de carbono de los manglares de Cozumel y complementaron la información recolectada en 2017 para el APFF Yum Balam.
Sucesivamente, la fase de valoración socio-ecosistémica consistió en conocer qué significa o representa, para los habitantes de las comunidades costeras, la presencia o ausencia de manglares en la zona donde viven. El conocimiento de ese valor lo obtuvimos a través de entrevistas específicas dirigidas a personas de distintos sectores: pobladores (ejidatarios con o sin derechos agrarios), hoteleros, operadores turísticos y pescadores, explica Rosalía.
Asimismo, hacer las entrevistas nos permitió viajar a los sitios piloto de estudio y confirmar cuáles de los servicios ecosistémicos que ofrecen los manglares son los más valorados por las personas de las comunidades, añade Elisa.
“Al visitar esos lugares nos dimos cuenta de que el carbono azul no es un tema que la población que vive cerca del manglar conozca. Esto es importante saberlo, porque si llegamos vendiendo carbono o promoviendo un proyecto de carbono, sin que la población conozca de los beneficios del mismo, el proyecto no va a tener el impacto deseado. Pero si les hablamos de la disminución de la pesca o el aumento de las inundaciones, la relación con la pérdida de los manglares es clara para ellos, la han visto; les resulta más fácil conectar con la protección que reciben de los manglares durante situaciones climáticas extremas, que escuchar hablar de carbono”, señala Elisa.
“Hemos sido muy cuidadosas con las expectativas que el mercado de carbono azul genera. Y aunque como incentivo económico quizás les interesaría a los dueños de las tierras que tienen manglar saber en qué consisten los certificados de carbono, preferimos vincular a las comunidades en general a través de los beneficios que aporta mantener los manglares sanos. En síntesis, Taab Ché intenta sentar las bases de sensibilización sobre la importancia de proteger y restaurar este ecosistema; y de lo que puede significar su pérdida, para a partir de ahí, generar la propuesta de los bonos”, dice Elisa.
¿Cuál es el paso siguiente a la obtención de los datos de valoración?
Realizamos el análisis de cuatro estándares de certificación del carbono para conocer su aplicabilidad a las características de los dos sitios piloto que queríamos intervenir. Luego de hacerlo, seleccionamos el estándar de la Fundación Plan Vivo con sede en Edimburgo. Esta fundación es un agente externo que garantiza que el proyecto de carbono azul tiene tanto carbono como dice tener (beneficios climáticos), lo avala y le permite seguir adelante para comercializarlo en el mercado voluntario de carbono, explica Elisa.
Cada estándar tiene distintas metodologías o protocolos; el de Plan Vivo se basa en un tipo de ordenamiento de la tierra en el que cada propietario, ya sea común, privado o parcelado, tiene un diseño de las áreas que formarán parte del proyecto garantizando por un período de 20 años la permanencia y durabilidad del carbono en el territorio y diseña participativamente un esquema específico de distribución de beneficios, estos son los “planes vivos”, añade Elisa.
Los acuerdos del estándar se plasman en un contrato que asegura que quien otorga los derechos del carbono (el propietario de la tierra) restaure, conserve y maneje sustentablemente el área que someterá al acuerdo. Además, debe asegurar que realizará acciones de monitoreo y vigilancia para evitar la degradación o deforestación de los manglares y en consecuencia que el carbono capturado por estos se libere a la atmósfera, indica Elisa.
También comenta Elisa que el estándar Plan Vivo se originó a partir del primer proyecto de carbono a nivel mundial, que es mexicano. Asimismo, el primer proyecto de carbono azul certificado en el mundo, que está en Kenia, lo certificó Plan Vivo. Entre los estándares disponibles, Plan Vivo fue seleccionado por ser, en el momento en que tomamos la decisión, el estándar que más se ajustaba a las necesidades de Taab Ché; y seguimos confiando en que se adecúa perfectamente a las características socio-económicas y de tenencia de la tierra particulares del Caribe mexicano, además de su enfoque de paisaje.
¿Por qué a una comunidad habría de interesarle incluir sus manglares a la certificación de carbono?
Dañar un manglar es un delito federal en México. Sin embargo, las presiones por desarrollar la línea costera en Quintana Roo son muy altas, al igual que el rezago socioeconómico. Por ello, los propietarios originales se ven en una difícil decisión si quieren rentabilizar sus tierras: o bien incurrir en la ilegalidad y desarrollar sobre el manglar, o venderlo y que otros paguen la multa. El proyecto de carbono azul les brinda una tercera opción: incluir su terreno y recibir beneficios por mantenerlo en buenas condiciones por los próximos 20 años. Y, a pesar de que estos beneficios difícilmente pueden competir con el precio del terreno, sí suponen un incentivo económico directo y constante a lo largo del tiempo. Es aquí donde los Planes Vivos pueden generar interés en las comunidades, porque si ellos valoran sus medios de vida, con seguridad querrán seguir disfrutándolos en los próximos 20 años. “La idea es reinvertir parte de los beneficios derivados de la venta del carbono en proyectos que apoyen la sustentabilidad de los medios de vida locales (pesca, turismo, protección costera) y hacer que su trabajo perdure en el tiempo”, indica Elisa.
¿Cómo se distribuye el pago por la venta de un bono de carbono azul?
Por cada tonelada de carbono equivalente que el proyecto registra se genera un bono o certificado de carbono, pero la forma en que se distribuirán los beneficios económicos derivados de la venta es una decisión que se toma de forma participativa en la comunidad. Nosotras como representantes de Resiliencia Azul, A.C., nos limitamos a proponerles una distribución oportuna dentro de Taab ché, explica Elisa.
Según el mecanismo financiero diseñado para el proyecto Taab Ché, los derechos del carbono se le otorgan a Resiliencia Azul, que coordina el proyecto. Cuando se vende un bono, del pago que se recibe por este y que es asignado por el mercado, un porcentaje se entrega directamente a la comunidad y otro se distribuye entre gastos de operación, mercadeo, acciones de restauración, monitoreo y vigilancia, añade Rosalía.
No obstante, en este segundo caso, una parte del ingreso regresa directamente o indirectamente a la comunidad, porque la idea es contratar a sus integrantes para que efectúen, por ejemplo, las acciones de restauración dirigidas por los socios científicos (CINVESTAV), así como las de monitoreo y vigilancia, indica Elisa.
Finalmente, el objetivo es que, después de 20 años, cuando ya se pueda entrar a otro período de registro, la comunidad sea gestora de su territorio, porque las personas habrán internalizado que la conservación y restauración de los manglares es vital para su sustento.
¿Qué les hace falta para colocar los bonos en el mercado voluntario?
Entre los pasos a seguir, para que el proyecto Taab Ché florezca, se necesita de financiamiento adicional para concretar los acuerdos de participación con propietarios de la tierra. Con esto, se podrá completar el Documento de Diseño del Proyecto y enviarlo al Estándar Plan Vivo para su revisión, evaluación y validación para subsecuentemente registrarlos en la plataforma ambiental Markit. Seguimos en proceso de búsqueda y gestión de fondos, estamos muy cerca de la certificación y por tanto de que Taab Ché sea una realidad, puntualiza Rosalía.
Innovative post-hurricane protection for endangered Mesoamerican Coral Reef goes live with insurance carrier confirmed
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Continuar leyendoFortalecen estrategias y operaciones de vigilancia en los arrecifes de Cozumel
Embarcación en curso por el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel (PNAC). Foto: CONANP
Por Lucy Calderón
La rica diversidad de flora y fauna marina que lo habitan, así como la belleza escénica que ofrece el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel (PNAC) -situado en el municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, México- atrae la visita diaria de miles de turistas a sus aguas.
Asimismo, en la zona de usos múltiples, las cooperativas de pescadores autorizadas efectúan sus faenas para obtener la pesca del día. Pero, a veces por desconocimiento y otras por el afán de obtener ganancias, muchas otras personas ingresan sin autorización al parque y cometen actos ilícitos.
Para contribuir a paliar la situación, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), entidad a cargo del manejo del PNAC, participó en la décima convocatoria del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (MAR Fund, en inglés) y obtuvo los recursos financieros para ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de las estrategias y operaciones de vigilancia en el Parque Nacional Marino Arrecifes de Cozumel”. Este se ejecutó de 2018 a 2019 y se enfocó en mejorar las capacidades en materia legal ambiental, tanto del personal de la CONANP, como de los integrantes de un grupo de vigilantes comunitarios que se formó al mismo tiempo.
Para ejecutar los fondos recibidos y empezar las capacitaciones, la CONANP se alió con la Fundación Comunitaria Cozumel, la cual tiene 29 años de trayectoria en impulsar proyectos en beneficio de los cozumeleños, según explica su director Octavio Rivero. “En este caso, nuestro papel consistió en verificar que las actividades planeadas se llevaran a cabo conforme fueron presentadas y aprobadas por MAR Fund. Y de igual manera, supervisamos que los recursos se usaran correctamente”, añadió Rivero.
¿De qué ilícitos hablamos?
De acuerdo con la bióloga Blanca Quiroga, de la CONANP, las principales actividades económicas en el PNAC son el turismo y la pesca, pero en ambas se presentan situaciones que requieren la acción coordinada de representantes de distintas organizaciones para frenar irregularidades.
Por ejemplo, las embarcaciones que pueden ingresar en el parque con turistas a bordo deben contar con una autorización que extiende la CONANP. Esto ayuda a que la entidad pueda tener un control y no se sobrepase la cantidad de barcos (244) y visitantes (2,500) permitidos en un día dentro del área natural protegida.
Sin embargo, Quiroga comenta que hay operadores turísticos y dueños de embarcaciones -tanto de Cozumel como provenientes de otros puertos de Quintana Roo- que sin el permiso correspondiente ingresan al PNAC y no solo sobrepasan la capacidad de carga del sitio, sino que al desconocer su fragilidad y las reglas que lo rigen, efectúan prácticas nocivas como lo son manipular y extraer especies marinas de su hábitat, darle de comer a los animales y, en ocasiones, hasta rompen los corales.
En cuanto a los pescadores independientes, hay quienes además de no tener su licencia para pescar, pescan en zonas prohibidas, con equipo no permitido o ilegal, incumplen períodos de veda y sacan de sus zonas de vida a especies en peligro de extinción. Por lo general, la pesca ilícita se produce por las noches y la entrada de embarcaciones no autorizadas, por las mañanas y tardes, añade Quiroga.
Actuar en cumplimiento de la ley
Aunque en el PNAC cualquiera que detecte un ilícito puede detener a quien lo esté cometiendo, Quiroga señala que no es una tarea fácil, porque no se sabe a qué se puede uno enfrentar. “Es importante contar con habilidades y conocimiento de cómo actuar en conjunto con las autoridades correspondientes”, añade la profesional.
Debido a que el área de experiencia de la CONANP es más que todo en el área biológica y ecológica, así como en los recorridos de vigilancia -con el apoyo recibido de MAR Fund- el proyecto organizó talleres de capacitación en materia legal, los cuales les impartieron abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y de la Procuraduría Federal Protección del Ambiente (PROFEPA).
Curso sobre tema legal-ambiental que impartió un profesional del CEMDA. Foto: CONANP
También contrataron, para una consultoría de seis meses, al abogado Raziel Villegas, de la Alianza Kanan Kay (iniciativa de colaboración intersectorial para el manejo pesquero sustentable y la conservación marina de la Península de Yucatán), quien los apoyó en la implementación de operativos de vigilancia eficientes, en el conocimiento del proceso correcto para hacer las denuncias de ilícitos ante las instancias correspondientes y les ofreció retroalimentación sobre la forma en que, hasta esa fecha, realizaban sus reportes y denuncias. En la actualidad, la Alianza Kanan Kay, con apoyo de Raziel y Transformación Arte y Educación (TAE), continúan su labor en otras áreas, apoyando a la CONANP y a los pescadores en este tema.
Según explica Quiroga, era importante para el personal de la CONANP conocer los procedimientos de seguridad y de derechos humanos que deben tener presentes al participar, junto con la marina y guardia nacional, en los recorridos de vigilancia y al momento de hacer alguna detención. En el período en que se efectuó el proyecto en dicha entidad, Quiroga relata que en la oficina de la CONANP en Cozumel eran 13 personas, pero por recortes de personal, solo hay 10, entre oficiales que realizan trabajo de campo y administrativos.
El abogado Raziel Villegas imparte un curso a personal de la CONANP. Foto: CONANP
En el grupo comunitario comenzaron cinco personas (entre guías de buceo, operadores turísticos, estudiantes y voluntarios) y con el tiempo se sumaron otras tres. Ellas continúan fortaleciéndose y han sido capacitadas por la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA) para hacer más formal su trabajo, cuenta Quiroga.
Además, reciben subsidios de la CONANP para seguir adquiriendo conocimientos y habilidades en su área de acción y tuvieron un intercambio de experiencias con un grupo de vigilancia comunitaria de Sian Ka’an que ya tenía tres años de estar formado.
Quiroga relata que, a los participantes, su involucramiento en este grupo de vigilancia les cambia mucho su ideología sobre los procedimientos legales para aplicar la ley, ya que ahora comprenden mejor la actuación de las autoridades.
El citado grupo tiene reuniones periódicas para coordinar y planificar su trabajo en conjunto con la CONANP. Patrullan el parque continuamente, realizan dos monitoreos biológicos al año y en la actualidad planean monitorear adicionalmente algunos recursos pesqueros como el caracol rosado y la langosta, comenta Quiroga.
De tal manera que la conformación de este grupo de vigilantes y las capacitaciones recibidas son los productos más relevantes que se lograron gracias al apoyo de MAR Fund, finalizó Quiroga.
Capacitan a entrenadores de brigadas de respuesta postormenta en México
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Continuar leyendoComunidades del caribe de Guatemala participan en la conservación y restauración de manglares
Pescadores de Barra Sarstún, en el municipio de Lívingston, departamento de Izabal siembran mangle en el área en la que desean mantener su cobertura. Foto: EcoLogic
Por Lucy Calderón
“Los manglares son importantes, porque entre sus raíces crecen los róbalos, camarones y jaibas que consumimos. También nos dan frescura”, dice Ada Tróchez, mientras se protege del intenso calor, debajo de las ramas de un mangle rojo que crece en la comunidad de San Juan, en el municipio de Lívingston, del departamento de Izabal, Guatemala.
“Estos árboles también ofrecen protección contra tormentas y son refugio de los peces y el camaroncillo que luego capturamos para el consumo familiar o la venta”, comenta Humberto Cino Saquil, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo, de la citada comunidad, quien al preguntarle, qué le gustó más del taller en el que participó -en el cual abordaron la importancia del bosque manglar, responde sonriente: “conocer la cantidad de especies de mangle que hay en el país. Seis para ser exactos”.
Humberto Cino Saquil, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo de la comunidad de San Juan, en el municipio de Livingston, departamento de Izabal. Foto: EcoLogic
La señora Ada Tróchez es una lideresa en su comunidad. Foto: EcoLogic
La participación y liderazgo comunitario en estrategias de conservación y restauración de ecosistemas es crucial para que estas sean exitosas. Por eso, en el Área de Uso Múltiple Río Sarstún (AUMRS) -área protegida en Guatemala según Decreto 12-2005 y humedal de importancia mundial en el caribe guatemalteco-, las comunidades San Juan y Barra Sarstún están involucradas en la protección de los manglares de esa región del Arrecife Mesoamericano.
“El trabajo de los habitantes de dichas comunidades en la reducción de las principales amenazas que enfrentan estos bosques costeros (tala y quema), contribuirá a que sigan disfrutando de los beneficios y servicios que les ofrecen y, en consecuencia, mejoren sus condiciones de vida”, explica el ingeniero agrónomo Mario Ardany de León, Oficial de Programa de la organización no gubernamental EcoLogic Development Fund, que está a cargo de la ejecución del proyecto piloto: Conservación, Restauración y Monitoreo del Ecosistema Manglar con Liderazgo Comunitario en el AUMRS.
A su vez, el citado proyecto es financiado por el Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (MAR Fund, por su acrónimo en inglés) y el proyecto Manejo Integrado de la Cuenca al Arrecife de la Ecorregión del Arrecife Mesoamericano (MAR2R, por su acrónimo en inglés). MAR2R es ejecutado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), en coordinación con los ministerios de ambiente de México, Guatemala, Belice y Honduras, -los cuatro países que abarca el SAM-, con el financiamiento del Global Environmental Facility, a través del Fondo Mundial para la Naturaleza como agencia implementadora.
De León comenta que para alcanzar la meta de conservación se mantendrá el área boscosa tropical existente en la parte alta y media de cada comunidad, e igual se cuidará el manglar de las partes bajas. Para la restauración de las áreas que han sido taladas o quemadas, además de mangles, se implementarán sistemas agroforestales, es decir, la combinación de cultivos de granos básicos con árboles de rápido crecimiento como los de san Juan (Vochyasia guatemalensis), barillo (Symphonia globulifera), cahué (Pterocarpus officinalis) y frutales.
El ingeniero agrónomo Mario de León (a la derecha) explica la técnica de siembra de mangle que usarán en la localidad de Barra Sarstún. Foto: EcoLogic
Pobladores de San Juan revisan los viveros de caoba (Swietenia macrophylla) y guama (Inga edulis) que usarán en los sistemas agroforestales. Foto: EcoLogic
“La idea es que las personas tengan otra fuente de alimentación, porque después de la cuarentena por la pandemia de la COVID-19 y las tormentas ETA e IOTA, se dieron cuenta de que solo de comer pescado ya no pueden vivir y tuvieron que intercambiar sus capturas del día por maíz, frijol y frutas”, relata de León.
Otra tarea que se contempla en el proyecto será gestionar ante la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET), el arrendamiento de las zonas a conservar y restaurar, para que estas plantaciones puedan inscribirse en el Programa de Incentivos Forestales, PROBOSQUE, del Instituto Nacional de Bosques (INAB). Las actividades para lograr los anteriores objetivos comenzaron en septiembre de 2020 y se espera que culminen en noviembre de 2021, añade de León.
Intercambio de conocimientos
Habitantes de San Juan escuchan con atención acerca de las técnicas de manejo y restauración forestal que se usarán en la comunidad. Foto: Cesar J. Zacarías-Coxic
“La participación voluntaria e informada de las comunidades en la conservación de los recursos naturales es imperante, porque cuando se habla de gobernanza forestal y acciones de recuperación de ecosistemas, las primeras que tienen que estar empapadas del tema y convencidas son las comunidades. Nosotros, como representantes de instituciones, podemos identificar áreas y trabajarlas, pero el éxito no dependerá de cuánto dinero se tenga para implementar los proyectos, sino de cuánto se involucren las comunidades. Porque al final, ¿quiénes cortan el bosque? ¡Las personas! Entonces, cuando ellas están empoderadas del tema y han colaborado con acciones para beneficio de todos, ayudan a que no haya tala, ni sobrepesca. De ahí la importancia de tomarlas en cuenta para hacer los procesos”, afirma con plena seguridad Cesar J. Zacarías-Coxic, encargado 2 de manglares, a nivel nacional, por parte del INAB.
“Por su experiencia de más de una década en conservación y restauración de manglares, así como por haber impulsado las Mesas Locales de Mangle en Guatemala, quién mejor que Zacarías-Coxic para compartir con los habitantes de San Juan y Barra Sarstún información y técnicas para el manejo sostenible de este vital ecosistema”, afirma de León.
Zacarías-Coxic comenta que, en San Juan, a pesar de la barrera del idioma, -porque sus habitantes hablan q’eqchí y se requirió la ayuda de un intérprete-, fue satisfactoria la interacción lograda con los 22 participantes y hasta visitaron el área que esperan inscribir en el PROBOSQUE. “Las personas de San Juan tenían un genuino interés en aprender sobre el ecosistema manglar, del cual desconocían particularidades, porque no son oriundas del Caribe, sino que migraron desde las zonas montañosas de Cobán, Alta Verapaz, en la región central de Guatemala”, dice Zacarías-Coxic.
Vista del muelle de la comunidad de San Juan. Foto: César J. Zacarías-Coxic
Mientras, en Barra Sarstún, Cesar impartió dos talleres. Uno, a 15 pescadores, y otro, a 20 estudiantes de educación básica. Con los primeros, el aprendizaje fue de doble vía, asegura el instructor, porque ellos también le compartieron anécdotas de sus experiencias en el mar y en la costa. Y debido a que tenían más dominio del tema, hasta tuvieron tiempo de conversar sobre el Reglamento para el Manejo Sostenible del Recurso Forestal del Ecosistema Manglar.
Con los segundos, quizás por ser jóvenes y tímidos, no dialogaron mucho, pero sí prestaron atención al mensaje, dice Zacarías-Coxic.
En esta área de Barra Sarstún hay regeneración natural del bosque manglar y también se aprecia el servicio de protección costera que ofrece este ecosistema. Foto: César J. Zacarías-Coxic
¿Por qué actuar de la cuenca al arrecife?
Bosque de mangle negro situado frente al océano Atlántico. Foto Cesar J. Zacarías-Coxic
Cuando se piensa en trabajar a nivel de cuencas, “hay mucha tela que cortar”, dice Zacarías-Coxic. Esto se debe a los diversos intereses y problemas que surgen al querer disponer de los diferentes recursos naturales como el agua, el suelo o la vegetación, por mencionar algunos. Si estos recursos no se manejan adecuadamente, la situación repercute en la pérdida o degradación de los ecosistemas. Por ejemplo, si se quita la cobertura vegetal del suelo, este queda expuesto a procesos de erosión por efectos del viento y el agua, y con las lluvias, estas partículas de tierra son arrastradas por los ríos y las escorrentías, desde la parte alta de la cuenca hacia la baja, donde ocasiona procesos de sedimentación y eutrofización, modificando así algunos sistemas naturales como manglares, lagunas costeras y pastos marino, asegura Zacarías-Coxic.
Al respecto, Carlos Rodríguez Olivet, especialista marino-costero y de salvaguardas del Proyecto MAR2R, a cargo de la articulación de actores en la región del SAM para el manejo de los recursos marino-costeros y de agua dulce, comenta que una de las tareas que ayudó a organizar en 2019 -por invitación de MAR Fund y del Instituto Smithsonian, con apoyo de la Cooperación Alemana-, fue el taller en el que participaron más de 70 personas de la región del SAM, para elaborar la Estrategia Regional de Manejo Conservación, Restauración y Monitoreo de Manglares en el Arrecife Mesoamericano 2020-2025.
A partir de dicha estrategia, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente-Convención de Cartagena, MAR2R y MAR Fund, también están colaborando en la creación de un manual de prácticas y técnicas para la restauración de manglares y un mapa ecorregional que muestre los sitios prioritarios a atender, añadeRodríguez.
Según explica el funcionario, debido a que es necesario el fortalecimiento de capacidades locales para ir aprendiendo más y mejores técnicas de manejo, así como buenas prácticas en el ecosistema manglar, otra de las acciones para lograr las metas trazadas en el componente a su cargo está orientada en abrir oportunidades de participación a pueblos indígenas y comunidades locales. Y una forma de involucrarlos es a través de los proyectos piloto o demostrativos, como el que EcoLogic está liderando en San Juan y Barra Sarstún, el cual se tiene contemplado replicar en Belice.